El último paquete económico de AMLO

Por Salvador Carrillo García.

Mientras el proceso electoral ordinario toma forma, en el Legislativo se está discutiendo en el que puede ser el instrumento político que herede el presidente a quién ocupe su lugar: un paquete económico nuevamente polémico pero que, paradójicamente no va tan alejado de su visión de gobierno.

Las tendencias siguen uno de los ejes del gobierno de López Obrador, el fortalecimiento a sus programas sociales y a las Fuerzas Armadas, como responsables de cada vez más cuestiones de la vida nacional. Y un escenario que acusa de un optimismo respecto a la situación económica, de la que dependen muchos factores para hacer posible la recaudación en torno a los impuestos, el petróleo y la relación de nuestra moneda con el dólar.

Iniciemos con la primera parte, el fortalecimiento a los programas sociales. Luego de lograr que se colararan al texto constitucional, los programas sociales del presidente siguen siendo el principal logro y el mayor activo de su gobierno. La salida de millones de personas de la línea de pobreza de acuerdo al Coneval ha legitimado la efectividad de las medidas y reclama que su continuidad se garantice y mejore. Pero el crecimiento de recursos comienza a preocupar a expertos en la materia sobre la capacidad de la administración para mantener una política social cada vez más robusta. Porque en México comienza a experimentarse lo que se consignó hace décadas y que poco se ha hecho para prevenir una crisis de proporciones épicas: la crisis de las pensiones en un país que está envejeciendo mal, sin seguridad social y con una fuerza laboral de jövenes sin oportunidades para sí mismos, menos para sostener las pensiones de generaciones más arriba que ellos. Se estima que una quinta parte del Presupuesto de Egresos del siguiente año deben destinarse al  pago de pensiones que requiere el país. Si bien la política social ha sido bondadosa a pesar de los señalamientos por errores y dilaciones en la cobertura, dispersión, falta de reglas de operación e instrumentos de evaluación, estos programas ya se están convirtiendo en una solución para aquellas personas que, por la razón que sea, pasaron al retiro sin ningún cobijo de la seguridad social para costear sus necesidades, o bien, obtienen una pensión raquítica e insuficiente. Tarde o temprano, la carga presupuestal debe resolverse con más adquisición de recursos o un replanteamiento de las políticas sociales. 

Las obras insignia del gobierno federal son otro tema importante en este nuevo paquete. Anteriormente el Tren Maya absorbía más del noventa por ciento del presupuesto de la Secretaría de Turismo y apenas en días pasados el propio presidente anunció que sería inaugurada a finales del año. La operación del Tren pasará, como muchas otras atribuciones que antes estaban reservadas a civiles, a las Fuerzas Armadas cuya carga presupuestal sigue en aumento. Sobra señalar que la duda es si se volverá a apoyar al turismo luego de la lógica e inminente descarga presupuestal a la Secretaría de Turismo. 

Pero tal vez lo más importante es el escenario que algunos acusan de optimista para el siguiente año: de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica el paquete económico se diseñó con estimaciones como un crecimiento de 3 a 3.2%, dólar a 17.10, barril de mezcla mexicana a 56 dólares (actualmente ronda los 85 a lo que debe sumarse los efectos del llamado "súper peso") y una inflación que, a pesar de que ha ido cediendo en los últimos meses, sigue azotando la economía familiar de los más desfavorecidos.

Lo anterior muestra una postura del gobierno federal que apuesta a una racha positiva para la economía nacional que en verdad ha sabido levantarse de los efectos de la pandemia pero tan inesperada como cualquier economía en un mundo globalizado. El paquete económico adolece de una situación alarmante que rompe por completo con el discurso de un gobierno austero que vigila los recursos y que optimiza su inversión social: de un total de 9.06 billones del Presupuesto de Egresos, solamente 7.3 de ellos vendrían de los recursos propios del Estado mexicano, el resto, necesario para completar las obligaciones del gobierno mexicano deben de proceder forzozamente de la contratación de deuda que ya ronda el 46.5% del Producto Interno Bruto (PIB) actual al 48.8%. 

Una de las principales promesas del gobierno federal fue iniciar una reforma fiscal que replanteara quiénes deben de pagar cuánto de impuestos. No se pudo lograr, pero es urgente para las finanzas públicas y sería una descarga a la clase media que absorbe buena parte de la carga fiscal de este país. Se estima que solamente el 23% del PIB de México viene de la recaudación y que el país se haría de 200 mil millones de pesos extra si los hogares más ricos de la población pagaran lo que le corresponde, en el resto de los hogares, se lograría otro ingreso extrá por otros 200 mil millones, pasando de 1.2 billones a 1.4 que deben de contribuir al gasto social; todo, sin los efectos de una reforma fiscal que no ha sucedido y se hace cada vez más urgente. 

El legado del presidente AMLO con su último paquete económico será fundamental para quién ocupe la presidencia en el próximo año. Su reto estará en mantener una política que privilegia a las Fuerzas Armadas o retoma para el poder civil las atribuciones que les corresponden, Pero, sobre todo, la urgente reforma fiscal que haría posible todo lo que se hace y más y que sería una política profunda para en verdad reducir la desigualdad en este país y redistribuir la riqueza de acuerdo al ingreso de cada uno de nosotros, un verdadero acto de justicia.